CONOCE TUS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Opinión Personal
El conocer los derechos humanos en el nuevo sistema penal acusatorio de nuestro país es un proceso de transformación estructural del sistema de justicia penal, establecido en la Constitución en 2008.
 El objetivo de esta transformación es contar con un sistema más eficiente, caracterizado por la oralidad y por el respeto a los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.
Por otro lado, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, todas las autoridades, incluidas las de las instituciones del sistema de justicia penal, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Estas reformas colocaron a las personas y sus derechos como el eje central de la impartición de justicia. Por lo tanto, uno de los mayores retos en la operación del sistema acusatorio es hacer realidad los derechos humanos de la víctima y del imputado y buscar un equilibrio entre estos.
Se amplían los derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa. En todo momento debe prevalecer la presunción de inocencia para evitar que se trate como culpable a una persona.
Proteger los derechos humanos es de vital importancia para el Sistema Penal Acusatorio, y es que el principal afectado por la comisión de un delito es la víctima u ofendido. Por ello el sistema, de acuerdo a los principios internacionales aceptados por México, fortalece y amplía sus derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa, solicitar directamente la reparación del daño, impugnar ante un juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público, así como solicitar al juez que dicte medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar a que el juicio acabe.
Hoy la víctima es visible y activa, ya que por primera vez tiene voz durante el proceso y cuenta con un asesor gratuito que la guía y busca en todo momento que se le repare el daño. Además, está encargado de garantizar en todo momento que se respeten los derechos de la persona afectada por un conflicto.
El nuevo Sistema de Justicia Penal también promueve el respeto de los derechos humanos del imputado, ya que en todo momento debe prevalecer la presunción de inocencia; es decir, evitar que se trate como culpable a una persona hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia dictada por el juez, la cual debe explicar e imponer en una audiencia pública. (también puede ser privada si es que se considera que la integridad de alguna de las partes puede verse seriamente afectada)
Asimismo, el Sistema Penal Acusatorio fortalece la garantía de que la persona imputada tenga acceso a una defensa; es decir, un abogado titulado, ya sea público o privado; también contempla que el imputado tiene derecho a recibir atención médica y sicológica en el momento que lo requiera.
Sin embargo, muchas de las ausencias y fallas en el proceso de implementación de la reforma penal continúan y, de no ser atendidas, la operación del sistema no será la idónea y pueden propiciar vulneraciones a los derechos humanos.
Prueba de ello son las limitaciones institucionales para garantizar los derechos a una defensa adecuada para imputados y a una asesoría técnica para las víctimas.
Los abogados particulares no se encuentran suficientemente capacitados y los defensores públicos tienen altas cargas de trabajo.
Las malas prácticas y las violaciones sistemáticas a derechos humanos solo han funcionado a las instituciones para elevar falsamente sus índices de efectividad en la persecución criminal. Pero las deficiencias y la carencia de capacidades institucionales, que han derivado en abusos y tortura, son el verdadero obstáculo para lograr la justicia y eliminar la impunidad.
En principio, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio de manera total se esperaría una disminución en los índices de tortura y en general de las violaciones a derechos humanos, así como una mayor protección de las víctimas.
Sin embargo, aún hay grandes pendientes que convierten a los derechos humanos en el mayor reto para la operación del sistema.
Por lo tanto ante la problemática planteada, nacen las siguientes interrogantes:
-	¿Cuál es la importancia del máximo respeto y garantía de los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados?
-	¿El sistema de justicia penal acusatorio ha cumplido con su objetivo primordial de fortalecer el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de víctimas e imputados? ¿Existe evidencia que muestre resultados positivos en estos aspectos?
-	¿Cuáles son los riesgos de no contar con operadores que posean las capacidades y habilidades necesarias para una óptima operación del sistema de justicia penal en términos de derechos humanos?
-	¿Cuál será la mejor manera de lograr un equilibrio entre los derechos del imputado y de la víctima?
-	¿De qué forma podemos fortalecer la garantía de los derechos humanos dentro del proceso penal?
Lo que si es serio es que se pueden expresar muchas cuestiones al respecto, más aun, la realidad es que el nuevo sistema representa grandes desafíos y lo cierto es que, habrá una dignificación de los papeles de todos los participantes en la impartición de justicia, lo cual simboliza un mayor compromiso.
El tiempo se está extinguiendo, si nos referimos a todos los cambios que corresponde realizar para poder aplicarlo con exactitud, por la capacitación indispensable, por el número inmenso de operadores que se requieren, así como para tener listos los demás mecanismos pertinentes a fin de que este sistema pueda operar efectivamente.