Dice el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que “es necesario plantear que los ciudadanos tengan que asumir parte de los costes” de la Sanidad y la Educación porque el gasto “es insostenible”. Su enfoque tiene una trampa evidente: el cien por cien de los costes de estos servicios –el total, no “parte”– ya lo pagamos los ciudadanos con los impuestos; no sale del bolsillo de Valcárcel. De lo que realmente hablan quienes plantean el copago para estos servicios públicos es de cómo se reparte la factura entre los ciudadanos, no de quién la paga.

En el modelo actual, hoy asediado, el Estado garantiza los derechos constitucionales a la Educación y la Sanidad y financia su coste con el dinero de todos. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad: no paga más quien más enferma sino quien más dinero gana porque así se garantiza que todos puedan disfrutar de estos derechos, sin importar su renta. Los defensores del copago argumentan que, cobrando una cantidad simbólica por estos servicios, se reduciría su demanda porque la gente no abusaría de ellos. Tal vez sea así en la Sanidad, aunque no creo que compense: pocos van al médico por gusto, ese pago simbólico –por pequeño que sea– no supondrá lo mismo para todos y nos arriesgamos a que algunos enfermos mueran por ahorrar tres pesetas. Sin embargo, ¿quién “abusa” de la Educación? ¿Qué clase de copago reduciría la demanda en los colegios sin provocar graves problemas de exclusión social? Si el gasto en Sanidad y Educación es verdaderamente “insostenible”, convendría mejorar su gestión y tal vez replantearse los ingresos: los impuestos. Pero la solución no debe pasar por cargar más la factura a los que menos tienen.