Un nuevo episodio en la batalla legal de Uber por mantener su actividad en España pone de manifiesto la insoportable levedad jurídica de nuestro país, totalmente indigno de la que se supone una democracia consolidada, y mucho más propio de un país tercermundista: Europa Press publica una noticia exactamente igual a la publicada el pasado día 9 de diciembre sin que haya habido ningún tipo de novedad en el asunto procedente del juzgado correspondiente. Es lo que se llama una “no-noticia”: no hay nada nuevo,  pero la vuelvo a publicar.  Además, todo indica que Telefonica ha bloqueado tanto la web de Uber, como supuestamente la app en los smartphones de sus clientes.
La cuestión es tan absurda como que no hablamos de una resolución judicial, sino de la ejecución de unas medidas cautelarísimas, de las que Uber no ha sido notificada, y que, por tanto, ha seguido ejerciendo su actividad de manera perfectamente normal. La compañía apelará las medidas en cuestión en cuanto sea notificada de las mismas, pero por el momento, esa circunstancia no se ha producido.
En este momento, el bloqueo de Telefonica es tan poco eficiente que simplemente con actualizar la app desde el Play Market, donde ya está disponible una nueva versión, vuelve a funcionar perfectamente, y puedes solicitar tu Uber con total normalidad. Desde iPhone no está aún, pero simplemente debido a la mayor lentitud de la App Store para aprobar las actualizaciones. Si quieres además poder acceder a la página web de Uber desde tu ordenador, cuestión completamente secundaria y con una importancia muy relativa en este caso, ten en cuenta que el supuesto “bloqueo” es solo a nivel de DNS, y que por tanto, basta con sustituir las DNS de Telefonica con, por ejemplo, las de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4) o las de OpenDNS (208.67.222.222 y 208.67.220.220) para poder volver a entrar sin problemas. De hecho, dado el aparente “gatillo rápido” de algunos operadores para censurar páginas web en nuestro país, harías bien en dejar esas DNS permanentemente cambiadas en la configuración de tu conexión.
La situación es la que es: hay unas medidas cautelarísimas de las que la compañía no ha sido notificada, y su actividad se mantiene con toda normalidad: no solo eso, sino que hasta ha lanzado promociones y hasta campañas benéficas durante ese período. Si bajas a la calle en cualquiera de las tres ciudades españolas donde Uber opera, Barcelona, Madrid o Valencia, puedes seguir utilizando Uber con completa normalidad.
La discusión sobre la legalidad de Uber y otros servicios similares no puede llevarse a cabo mediante medidas cautelarísimas absurdas y sin notificar a la compañía implicada. Que este tipo de decisiones se lleven a cabo por instancia de parte interesada, sin ningún tipo de veredicto judicial apelable y sin razones aparentes que las justifiquen indica una tendencia muy preocupante. Hablamos de un cambio propiciado por la tecnología que no solo afecta a los taxistas, sino que afecta también a los usuarios, de una discusión en la que hay que introducir muchos elementos con respecto a las opciones en manos de los usuarios y de la naturaleza de los derechos que hay que proteger (¿por qué los derechos de un taxista de llevar a cabo su trabajo en régimen de monopolio regulado valen más que mi libertad para elegir cómo me muevo de un sitio a otro?) Por el momento, una asociación de taxistas ha conseguido convencer a un juez para que dicte unas medidas cautelarísimas (medida provisional adoptada por circunstancias de especial urgencia mediante un procedimiento extraordinario y sumario sin oír a la parte contraria) como si hablásemos de un peligro terrible, cuando, en realidad, nada lo justifica. Ante la opinión pública, Uber vuelve a ganar y a ser percibido como el débil, y los taxistas vuelven a perder.
No se me ha perdido nada en defender a Uber: tienen muy buenos abogados, mucho dinero para pagarlos, y se defienden muy bien ellos solos. En cambio, como ciudadano español, mucho más que ver a Uber ofreciendo sus servicios, me preocupa que se puedan imponer medidas extremas sin que exista una justificación clarísima y evidente (un peligro muy claro para los usuarios o unas pérdidas económicas desmesuradas, circunstancias que obviamente no concurren en este caso). Y me preocupa mucho más que mi proveedor de acceso a internet ejecute bloqueos con esa premura y me prive de mi libertad de acceder a la página web que me dé la gana. Uber será ilegal cuando un juez lo diga, no mediante unas muy difícilmente justificables medidas cautelarísimas, sino mediante un veredicto, y cuando se haya apelado este hasta las instancias que se estimen oportunas. En una democracia supuestamente consolidada, ese tipo de inseguridades jurídicas no deberían de existir.