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En cuanto al Tribunal Constitucional:
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En las últimas fechas estamos asistiendo como los medios de comunicación informan que el Presidente “le pide” al Tribunal Constitucional que haga esto o aquello, que ejecute una sentencia, o suspenda una ley, etc.
Las peticiones del ejecutivo, han sido resueltas, al menos con medida cautelar por el Tribunal Constitucional al día siguiente de ser recibidas, llegándose a reunir los magistrados durante horas e incluso por la noche.  Esto lo ha provocado el Presidente del Gobierno por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad, en una de las muchas potestades que ostenta el presidente del ejecutivo.
La imagen del Tribunal Constitucional hoy en día para el ciudadano es de absoluta celeridad, pues parece que de un día para otro toman decisiones y trabajan hasta bien entrada la noche.
Pues bien, este funcionamiento dista mucho del funcionamiento normal del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, no sólo resuelve recursos de inconstitucionalidad, como por ejemplo el recurso presentado en 2006 contra el Estatuto de Cataluña, que se resolvió en 2010, o el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual en 2005, que se resolvió en 2012, sino también Recursos de Amparo: vulneraciones de derechos y libertades que sufrimos los ciudadanos en el día a día.
Para el que no sepa lo que es un Recurso de Amparo, se trata de un Recurso que interpone una persona que ha sido vulnerada en sus derechos y que no tiene ninguna otra entidad a la que recurrir. Imaginemos una confesión sin abogado bajo presión policial, imaginemos una persona condenada sin pruebas, imaginemos un despido realizado con pruebas obtenidas a través de escuchas telefónicas ilegales, etc. Pues el Tribunal Constitucional debe ser el que, a la luz de los derechos fundamentales de la Constitución española, ampare al ciudadano. Pero: ¿Cuánto se tarda en tramitar un Recurso de Amparo? Simplemente conviene tener en cuenta que, en general, desde la interposición de la solicitud de Amparo hasta su admisión a trámite, como mínimo pasan 5 meses. Pero si la demanda de amparo se admite a trámite, el ciudadano deberá esperar unos 4 años a que le concedan el amparo constitucional.
Esta es la dinámica normal, tradicional y cotidiana del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en 1998 José María Aznar presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Deporte de Euskadi que se resolvió en 2012. ¿Cómo puede ser que hoy en día los Magistrados se reúnan al día siguiente de la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad? ¿Qué les está pasando? ¿Quién les está presionando? ¿De qué mal les están amenazando? ¿Porqué están ejerciendo tan mal sus funciones y nadie clama al cielo? Salvémosles.

En cuanto al Derecho Internacional:
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Las leyes catalanas de transitoriedad y fundacionales de la República de Catalunya, así como el Decreto que permite la celebración del referéndum del 1 de octubre se basan en el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos, es una institución que ha sido reconocida por fuentes del derecho internacional público. El Tratado más relevante en esta materia, en principio, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977. Dicho Tratado forma junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El artículo 1 dice así: 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
Además de este artículo, que es demoledor, conviene recordar que la autodeterminación de Catalunya se basa también en el Caso Sahara Occidental, que fue apoyado expresamente tanto por la Corte Internacional de Justicia como por las Naciones Unidas. También, hay que tener en cuenta la Resolución de la ONU de 2007 en relación a “los pueblos indígenas”, en cuyo artículo 3 les reconocía el derecho a la “libre determinación”.
Pero el hecho es que estos Tratados antiguos, redactados en lugares lejanos a Catalunya por organizaciones internacional, generan desconfianza, puesto que nadie sabe si son o no de aplicación directa. Conviene entender cómo se aplica el Derecho Internacional en España, y por ende en Catalunya.
Dos son los artículos más destacables en materia de Derecho Internacional. Los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Española.
**Artículo 10.2 CE**: 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
**Artículo 96 CE**:
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
El artículo 10.2 CE nos avisa de que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse conforme a los tratados ratificados por España: ergo, deben interpretarse conforme al Pacto de Nueva York de 1966, que permite la libre determinación.
El artículo 96 CE nos avisa de que los tratados válidamente celebrados, forman parte del ordenamiento interno. Por tanto, el Pacto de Nueva York de 1966 forma parte del ordenamiento interno.
En definitiva, parece ser que la libre determinación del pueblo de Catalunya está reconocida por el propio ordenamiento jurídico español, por lo que, dándole la vuelta a la tortilla, parece ser que los únicos que están cumpliendo el derecho del Reino de España son aquellos que están intentando impedir la libre determinación del pueblo catalán. Como siempre, el último escollo termina cuando se aclara la definición de “pueblo”.


En cuanto al Código Penal:
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El mundo del Derecho Penal está lleno de clasificaciones. Por ejemplo, los delitos se dividen en delitos comunes y delitos especiales. El delito común es aquél que todo el mundo puede cometer. El delito especial es aquél delito que sólo una parte de la población puede cometer. La prevaricación sólo puede ser cometida cuando el autor es funcionario público. Un particular, en cambio, jamás puede ser el autor de una prevaricación.
Algunos divagan con la posibilidad de ser inhabilitados o encarcelados si van a votar el 1 de octubre. Pues bien, todo el mundo debe saber que la prevaricación y la desobediencia de funcionario público, son delitos especiales, que sólo pueden cometer los funcionarios en el seno de sus funciones. Para prevaricar, conviene tomar una decisión a sabiendas de su injusticia y para desobedecer conviene haber sido notificado y requerido de una orden directa, ya sea una resolución judicial o administrativa.
La prevaricación está recogida en el artículo 404 del Código Penal, y la desobediencia de funcionario público, en el artículo 410 del Código Penal. Ambas llevan aparejadas penas de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por otro lado, sí es cierto que existe la desobediencia de ciudadano común, recogida en los artículos 550 a 556 del Código Penal, pero no lleva aparejada pena de inhabilitación. En todo caso, la simple desobediencia pacífica, sin oponer fuerza ni acometimiento, no lleva aparejada más que una pena de multa, alternativa con una pena de prisión de 3 meses a un año.  Conviene tener claro, que no se puede desobedecer sin una orden, y que, para poder procesar por la vía penal a los votantes, algún tribunal o administración pública debería notificar uno a uno a todos los ciudadanos prohibiéndoles votar.